Sus propuestas se hicieron públicas el pasado 11 de junio, aunque ya habían sido publicadas en muchos medios de manera extraoficial. Antes de esto, el rector ya había mandado un correo a todos sus empleados avisándoles de la pésima situación económica de la Universidad, aunque al mismo tiempo pretendía tranquilizarles asegurando que el plan “en ningún caso contempla propuestas que afecten a la retribución general del personal”.

Primer aviso
El correo enviado por Berzosa era sólo un aviso para todo lo que ha venido después y que presentó junto al plan de ajuste con el que se pretende reducir el gasto de la Universidad en 15 millones de euros.

El mail se envió a los 6.191 docentes y los 4.141 administrativos (empleados del centro según datos oficiales de 2009) para hacerles partícipes de la mala situación que atraviesa la universidad como consecuencia de la crisis económica. Aunque su principal acusado ha sido en todo momento la Comunidad de Madrid. Según Berzosa, la administración regional debe a la universidad 75 millones de euros en atrasos, aunque desde este Gobierno niegan la certeza de esa aseveración.

Aunque no se han producido retrasos en el cobro de los trabajadores, el correo informaba de las “tensiones de liquidez en el pago de las nóminas”.

En el correo enviado a los empleados Berzosa explica que el retraso en el pago a proveedores está afectando al normal funcionamiento de la institución. Aunque apunta que hay que tener en cuenta que la primera mitad del año es un mal momento para las universidades ya que no se recibe dinero de matrículas. Se supone que con el comienzo del nuevo curso y las tasas pagadas por los alumnos, la situación mejorará, aunque no será una inyección económica muy representativa.

En este mail aprovechó, asimismo, para preparar a los empleados de posibles cambios como la eliminación de las horas extraordinarias, que afectaría especialmente al Personal de Administración y Servicios (PAS), pero también a la plantilla docente. “Nuestros profesores a lo mejor tendrán que dejar de cobrar las conferencias que den en la universidad”, advertía.

Plan de ajuste
El pasado 11 de junio, el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid sacó adelante un Plan de Reequilibrio Presupuestario con 32 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones. Este plan, junto con otras medidas de austeridad, permitirá a la institución a un ahorro de unos 40 millones de euros, aproximadamente, a corto plazo.

La Universidad ha negociado con el Ministerio de Economía y Hacienda el aplazamiento del pago del IRPF del mes de abril con el fin de dar liquidez al sistema. Y es que son hasta 5,7 millones de euros de abril que debían haberse abonado el pasado 20 de mayo pero finalmente se pagarán el 20 de septiembre, o eso dicen ahora.

Los sindicatos
El día que se reunía el Consejo de Gobierno de la Universidad, representantes de los sindicatos esperaban al rector en la puerta del Rectorado con una pancarta con el lema “Ni un compañero más a la calle” y camisetas negras con letras amarillas en las que se podía leer “Rector cumple tus acuerdos”.

Las secciones sindicales de CC.OO. y UGT querían criticar, así, los ajustes que se están llevando a cabo desde hace un año sin que ellos hayan sido informados o hayan podido participar en la negociación.

En este sentido, denuncian una falta de transparencia que, a su juicio, está mermando los recursos humanos existentes al mismo tiempo que se confunde la racionalización con la opacidad y la arbitrariedad.

Estos sindicatos se quejan de que en dos años se ha recortado la plantilla de Personal de Administración y Servicios en 175 miembros, mientras que las gratificaciones se han mantenido.

Según declararon a Europa Press, “al menos hasta el mes de febrero, con un coste de 70.000 euros, a los que hay que añadir los nombramientos de vicegerentes y directores realizados en noviembre pasado y que superaron los 75.000 euros.

Además, han querido apuntar entre las posibles causas de la crisis, algunos vicios adquiridos por esta institución, como que se hayan renovado profesores asociados sin tener casi demanda las asignaturas que impartían o que se mantengan titulaciones sin tener alumnos.

Por su parte, el secretario de la Sección Sindical de CSIT-Unión Profesional, Braulio Díaz Sampedro, considera que la crisis es “una combinación de no cumplimiento de compromisos por parte de unas administraciones y una mala gestión de los recursos o quizá una falta de proyección de los recursos existentes que ha tenido la propia UCM”.

Para solucionarlo, Díaz cree que se deberían abrir “puentes de interlocución entre la Universidad Complutense y la Comunidad de Madrid para que se defina bien el escenario económico en el que nos situamos” ya que “ahora mismo yo creo que están un poco quebrados”.

En cuanto al Plan de Austeridad, apunta que “es bueno que en momentos de crisis se visualice un modelo de austeridad”, pero al igual que sus compañeros de CC.OO. y UGT considera que “debe ser negociado con los sindicatos, no tiene que ser unilateralmente decidido por la Universidad”.

El Partido Popular
La Comunidad de Madrid se ha defendido de las acusaciones de impago de Berzosa. Así, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha asegurado que este Gobierno “no debe cantidad alguna a las universidades” y que hasta que no se pronuncien los tribunales, no se puede decir que la Administración tenga que pagar cantidad alguna. “Estamos a la espera de la oportuna sentencia por parte de los tribunales, mientras no exista ninguna sentencia condenatoria no se puede decir que se adeude cantidad alguna. Simplemente hay una reclamación que ha sido denegada por nuestra parte”, asevera.

Por su parte, la consejera de Educación, Lucía Figar, ha opinado sobre el plan que “todo lo que sea ajustar las cuentas y ajustarse el cinturón en tiempos de crisis me parece positivo”.